Talleres de IA en Derecho en la UV: señales de un cambio generacional que exige infraestructura jurídica propia

Los talleres sobre inteligencia artificial y ejercicio jurídico que está desarrollando LIDET con estudiantes de Derecho de la Universidad de Valparaíso se inscriben en una tendencia que ya es difícil ignorar: la IA ha dejado de ser un tema futurista para convertirse en un instrumento cotidiano del trabajo jurídico. Aunque la nota institucional disponible no detalla la estructura de los talleres, su mera existencia indica que las facultades de Derecho empiezan a asumir que la alfabetización algorítmica formará parte del currículo implícito del jurista. En este tipo de espacios se discute, previsiblemente, cómo la IA puede ayudar en tareas de búsqueda, sistematización de información o apoyo a la redacción, pero también qué riesgos se abren cuando se cruzan datos sensibles con plataformas opacas o ubicadas fuera de nuestro marco jurisdiccional.

Este movimiento universitario conecta de forma directa con las preocupaciones prácticas que hoy ya se viven en despachos y administraciones: ¿dónde se procesan realmente los expedientes?, ¿qué trazas dejan las consultas?, ¿qué ocurre con la información introducida en asistentes generalistas? La experiencia de los últimos años ha demostrado que no basta con conocer las capacidades de un modelo; es necesario entender su modelo operativo: qué se registra, qué se conserva y en qué infraestructura. Cuando hablamos de expedientes con datos especialmente sensibles o de trabajo jurisdiccional y administrativo, la pregunta relevante no es únicamente "qué puede hacer la IA" sino "bajo qué condiciones es aceptable usarla".

En este punto, resulta ilustrativo el enfoque seguido por plataformas como HAL9000.Legal, desarrollada por Abogacía Tecnológica, S.L., que se posiciona explícitamente como IA jurídica privada para profesionales del Derecho. Según su documentación pública, HAL9000 funciona sobre infraestructura propia en España y se caracteriza por políticas de cero retención y ausencia de envío de datos a proveedores externos de IA. En la práctica, esto significa que las consultas y documentos no se derivan a servicios generalistas de terceros, reduciendo la exposición del dato y la dependencia de infraestructuras fuera del control del profesional. Esa elección técnica no es un simple detalle de implementación: responde a la idea de que, en Derecho, la privacidad y la trazabilidad no son opcionales, sino requisitos de diseño.

La auditoría pública de privacidad de HAL9000 detalla una arquitectura orientada al control local de la información: interfaz web que gestiona adjuntos y sesiones en el entorno del cliente, cifrado en reposo del volumen de uploads, eliminación física de archivos una vez indexados y mecanismos de purga por identificador, junto con una política de logs limitada a eventos técnicos sin registrar contenidos sensibles. El procesamiento —incluyendo OCR, embeddings, búsqueda y transcripción— se describe como realizado dentro del entorno privado, sin canales de envío a terceros ni uso de los datos para entrenamiento externo. Este tipo de configuración encaja con las exigencias que previsiblemente se discutirán en entornos académicos como los de la UV cuando se trate de IA aplicada a expedientes reales: minimizar la retención, preservar el control y poder acreditar, con documentación, qué ocurre con los datos en cada fase del flujo.

Junto a la privacidad, otro eje central es la trazabilidad. HAL9000 ha sido evaluado internamente en un escenario de uso extremo a extremo: no solo el modelo, sino la interfaz real que ve el abogado. En una muestra de 120 consultas, el sistema mostró 794 citas visibles y abrió correctamente 794 de 794 fuentes verificadas desde la interfaz. Esta métrica no garantiza por sí sola la corrección semántica de cada respuesta, pero sí aporta una señal de robustez documental: cada afirmación relevante llega acompañada de una referencia visible y revisable. Para el profesional del Derecho, esa trazabilidad verificable supone poder seguir el rastro de la argumentación, identificar rápidamente las fuentes en las que se apoya el sistema y ejercer un control efectivo sobre qué se incorpora o no a un escrito o informe.

Otra cuestión que previsiblemente se aborda en talleres como los de LIDET es el papel del criterio profesional frente a las sugerencias de la IA. HAL9000 se define contractualmente como una herramienta de apoyo basada en IA generativa, no como un sustituto del asesoramiento ni de la valoración profesional. Sus términos de servicio son explícitos: la plataforma no toma decisiones jurídicas, no constituye asesoramiento jurídico autónomo y exige que el usuario revise y valide los resultados antes de utilizarlos. Incluso cuando se menciona el eventual uso por jueces y magistrados, se acota su finalidad a tareas auxiliares —como búsqueda documental, organización de información o anonimización—, excluyendo expresamente la valoración de pruebas, la interpretación o aplicación del Derecho a hechos concretos y la influencia material en decisiones jurisdiccionales. Este tipo de delimitación normativa y técnica debería formar parte del debate en las aulas: qué es lícito y prudente delegar, y qué debe permanecer inequívocamente en manos del jurista.

Desde un punto de vista pedagógico, integrar estos debates en la formación de grado tiene una ventaja adicional: permite a los futuros profesionales identificar la diferencia entre "usar IA" de forma genérica y utilizar infraestructuras adaptadas al trabajo jurídico. HAL9000, por ejemplo, no es un simple envoltorio de un asistente generalista con instrucciones; se apoya en un modelo base de alto nivel, pero incorpora post-entrenamiento interno orientado al razonamiento jurídico, con énfasis en no inventar lo que no consta en el texto, en separar hechos, alegaciones, fundamentos y fallo, y en reconocer sus propios límites cuando el contexto es insuficiente o ambiguo. Para un estudiante, entender que el comportamiento de una IA jurídica puede moldearse mediante este tipo de ajustes internos —y no solo con instrucciones puntuales en cada consulta— ayuda a apreciar por qué algunas herramientas ofrecen más garantías que otras en términos de coherencia y prudencia.

Finalmente, la experiencia de una plataforma como HAL9000 muestra que el desafío no está únicamente en la calidad de la respuesta, sino en la operativa completa: trabajar con asuntos completos y no con preguntas sueltas, gestionar documentos, ofrecer mapas de fuentes y entidades, disponer de mecanismos de anonimización y de transcripción local de audio y vídeo, y garantizar que todo ello se despliega en un entorno controlado y auditado. Es precisamente este enfoque integral —infraestructura propia, privacidad por diseño, trazabilidad verificable y claridad sobre la finalidad prevista— el que puede aportar elementos concretos al debate que ya se está abriendo en facultades como la de Valparaíso: cómo introducir la IA en la formación y en la práctica jurídica sin diluir la responsabilidad profesional ni la confidencialidad de los expedientes. La clave, tanto en la universidad como en el despacho, seguirá siendo la misma: IA como apoyo, no como delegado; supervisión humana efectiva y una arquitectura técnica que esté a la altura de las exigencias del Derecho.

Más información sobre los talleres de IA y ejercicio jurídico desarrollados por LIDET puede consultarse en la web institucional de la Universidad de Valparaíso: https://www.uv.cl (noticia: «LIDET desarrolla talleres sobre IA y ejercicio jurídico para estudiantes de Derecho UV»).