Cuando el libro lo escribe la IA (o eso parece): lecciones para la abogacía a partir de un caso mediático

La noticia que llega desde Monterrey, recogida por INFO7, describe un episodio cada vez menos extraño en la conversación pública sobre inteligencia artificial: unos abogados son señalados por presentar un libro que habría sido escrito con IA. Ante las críticas, uno de los autores responde que la obra sí fue redactada por ellos, pero que emplearon herramientas de IA para "ordenar mejor sus ideas". No conocemos más detalles técnicos del caso, pero sí nos permite plantear una cuestión relevante para cualquier profesional del Derecho: cuando se trabaja con IA, ¿basta con decir que es una simple ayuda, o es necesario acreditar de forma más sólida qué se ha hecho, con qué sistema y bajo qué controles?

Desde la perspectiva jurídica, el problema no se agota en el debate ético o de autoría. Si una publicación jurídica, un dictamen o un informe profesional se perciben como producto opaco de una caja negra tecnológica, la confianza se resiente. En el ámbito del Derecho, esa confianza no es solo reputacional: afecta a cómo se valora la diligencia del abogado, al modo en que se construye la cadena probatoria, al respeto de la confidencialidad y, en su caso, a potenciales responsabilidades. El episodio del libro muestra lo fácil que es que el foco pase de la calidad del contenido a la herramienta utilizada, especialmente cuando no hay transparencia sobre el proceso ni capacidad de reconstruir cómo se ha llegado a determinadas conclusiones o formulaciones.

Aquí es donde la distinción entre "usar IA" y "usar cualquier IA" se vuelve central. Muchas soluciones para el sector legal se limitan a envolver un modelo generalista con instrucciones específicas, sin control real sobre su entrenamiento interno ni sobre la infraestructura donde se ejecuta. Esto implica, entre otras cosas, que las consultas y documentos pueden viajar a servidores de terceros y quedar sometidos a políticas de retención ajenas, o que las respuestas se basen en patrones estadísticos sin que el profesional tenga una trazabilidad clara de qué textos concretos fundan una afirmación. Esa combinación de dependencia tecnológica y opacidad es, precisamente, lo que convierte cualquier sospecha de uso intensivo de IA en un problema difícil de explicar al cliente, al tribunal o a la opinión pública.

HAL9000.Legal se diseñó justo contra ese escenario. No se plantea como otro asistente generalista maquillado para Derecho, sino como una IA jurídica privada con postentrenamiento propio para el razonamiento jurídico. La plataforma se ejecuta en infraestructura propia en España, sin APIs externas y sin enviar las consultas a proveedores generalistas de IA. Esta arquitectura, junto con políticas de cero retención y control local de adjuntos, permite reducir de forma significativa la exposición de datos sensibles y la dependencia de entornos opacos. En la práctica, esto significa que el despacho puede trabajar con expedientes reales —no solo con preguntas sueltas— sabiendo que los documentos no salen al exterior para ser procesados ni utilizados en entrenamientos de terceros.

Otro elemento que el caso del libro pone en primer plano es la necesidad de saber de dónde sale exactamente lo que la IA dice. En un texto doctrinal o en un escrito forense, no basta con que la respuesta "suene plausible"; es necesario poder rastrear qué fuentes la sustentan. HAL9000 incorpora mecanismos de trazabilidad: trabaja con fuentes revisables, ofrece citas visibles y un mapa de fuentes que el abogado puede abrir desde la propia interfaz. En una auditoría E2E se han verificado, en una muestra de 120 consultas, 794 citas visibles con 794 aperturas correctas de fuentes desde la interfaz real. Esto no garantiza por sí solo un razonamiento perfecto, pero sí aporta una señal fuerte de robustez documental y, sobre todo, ofrece al profesional una herramienta práctica para revisar, corregir o matizar el resultado antes de asumirlo como propio.

El marco jurídico de uso también importa. Los términos de HAL9000.Legal son explícitos: la plataforma es una herramienta de asistencia para investigación, recuperación de documentación y elaboración y revisión de textos jurídicos. No constituye asesoramiento autónomo, no toma decisiones jurídicas y exige siempre la supervisión y validación del usuario. En el ámbito de la Administración de Justicia, su eventual uso se limita a tareas auxiliares —búsqueda de información, organización, anonimizaciones— que no analicen pruebas ni apliquen el Derecho a un conjunto concreto de hechos ni influyan materialmente en la decisión. Esta delimitación, lejos de ser una mera cláusula de estilo, es una forma de reforzar que, incluso cuando la IA interviene, la responsabilidad sustantiva permanece en el profesional humano.

A la luz de casos como el del libro cuestionado, quizá la mejor recomendación práctica para despachos y operadores jurídicos no es renunciar a la IA, sino formalizarla: elegir herramientas que operen en servidores propios o controlados en España, que no externalicen las consultas a modelos generalistas, que permitan trabajar con expedientes completos y que ofrezcan trazabilidad verificable de sus respuestas. Junto a ello, conviene desarrollar políticas internas claras sobre cuándo y cómo se puede recurrir a estos sistemas, cómo se documenta su intervención en un trabajo publicado y qué mecanismos de revisión humana se aplican antes de considerar un texto como definitivo.

La noticia resumida en esta entrada procede del medio INFO7 (Monterrey, México), que ha informado sobre las críticas dirigidas a varios abogados por la supuesta utilización de IA en la redacción de un libro y sobre la respuesta de uno de los autores, que afirma haber usado IA únicamente para ordenar sus ideas. Puede consultarse en su web en: https://info7.mx