Cuando el recurso lo firma la máquina: lecciones de Tarragona para la IA jurídica

La información que llega desde Tarragona apunta a una reacción cada vez más visible de algunos tribunales frente a escritos procesales elaborados con sistemas de inteligencia artificial generalista. No hablamos solo de un estilo extraño o de giros lingüísticos poco habituales en la práctica forense, sino de recursos que delatan un uso acrítico de herramientas de IA: formularios rellenados a golpe de prompt, argumentaciones que no encajan con el caso o citas que el órgano judicial no consigue localizar. Cuando el juez percibe que el escrito ha sido, en esencia, un volcado automático de una herramienta tecnológica, sin trabajo profesional reconocible detrás, la consecuencia lógica es desconfiar de su calidad y, en ocasiones, rechazarlo o reprochar su presentación.

Detrás de estas resoluciones subyace algo más profundo que un simple choque cultural con la tecnología. La abogacía actúa bajo un estándar de diligencia técnica y de lealtad hacia el tribunal y la parte a la que defiende. Firmar un recurso equivale a asumir la autoría intelectual del planteamiento jurídico y la responsabilidad por su contenido. Si el escrito se limita a reproducir sin filtro lo que produce una IA genérica, sin comprobar la consistencia de la doctrina, sin revisar la aplicación al supuesto de hecho ni depurar errores, el problema no es la herramienta, sino la renuncia práctica al juicio profesional. Eso es lo que los jueces están sancionando: la sensación de que algunos escritos ya no son fruto de una labor jurídica propiamente dicha, sino de una delegación impropia en un sistema opaco.

La experiencia de estos meses demuestra que «usar IA» no es unívoco. No es lo mismo operar con un chat generalista desplegado en la nube, cuyo funcionamiento interno y políticas de datos se desconocen, que con una plataforma jurídica diseñada específicamente para el trabajo con expedientes reales. HAL9000 se concibe precisamente como un sistema de asistencia profesional para investigación jurídica, recuperación y análisis documental, consulta de legislación y jurisprudencia y elaboración y revisión de documentación jurídica, destinado a abogados y otros profesionales del Derecho bajo su criterio y supervisión. Sus términos de servicio insisten en que no sustituye la valoración profesional del usuario, no toma decisiones jurídicas y no debe utilizarse por autoridades judiciales para valorar pruebas ni aplicar el Derecho a hechos concretos en el ejercicio de la función jurisdiccional.

En el plano técnico‑organizativo, el enfoque también es distinto al de las soluciones genéricas. La documentación pública disponible sobre la auditoría de privacidad de HAL9000 describe una arquitectura orientada a operar en un entorno privado del cliente, con procesamiento local de documentos jurídicos, cifrado en reposo del volumen de uploads, eliminación física de archivos una vez indexados y mecanismos de purga por identificador. No hay canal de envío a terceros ni uso de los datos del despacho para entrenamientos externos: HAL9000 utiliza modelos open‑source servidos en infraestructura local, con un motor de inferencia configurado sin registro de prompts y respuestas, y una política de logs limitada a eventos técnicos mínimos, sin contenidos sensibles. Esta combinación —infraestructura propia en España, ausencia de cesión operativa a plataformas generalistas y control efectivo sobre la retención— ofrece un marco de privacidad y confidencialidad más alineado con las expectativas de despachos y, cada vez más, de los propios órganos judiciales.

Otra pieza clave es la trazabilidad. Uno de los riesgos que subyacen al rechazo de escritos «hechos por la máquina» es la imposibilidad de saber de dónde sale cada afirmación: qué sentencia se está citando, qué norma se está interpretando o qué documento del expediente respalda un hecho. Según la información aportada por Abogacía Tecnológica, HAL9000 ha sido evaluado en un benchmark end‑to‑end que no se limita a medir una API aislada, sino la interfaz real que ve el abogado; en una muestra de 120 consultas, se verificó la apertura correcta de 794 de 794 fuentes visibles desde la propia interfaz. Esta trazabilidad verificable no garantiza por sí sola un soporte semántico perfecto, pero sí introduce una diferencia importante respecto a la IA genérica: reduce la opacidad, permite seguir el fundamento jurídico de cada respuesta y evita que una afirmación llegue al profesional sin referencia documental revisable.

Además, HAL9000 incorpora un post‑entrenamiento interno orientado específicamente al razonamiento jurídico, con criterios como no inventar lo que no consta en el texto, separar hechos, alegaciones, fundamentos y fallo, y reconocer con claridad sus propios límites. La propia plataforma se presenta como una herramienta para trabajar asuntos completos —documentos, estrategia, revisión y borradores dentro de un mismo hilo—, con un radar de viabilidad y un juicio de relevancia que ayudan a filtrar jurisprudencia útil y a revisar mejor la respuesta antes de cerrarla. De nuevo, la clave es quién conserva el control: el abogado utiliza la IA para organizar información, explorar argumentos y ganar tiempo, pero la última palabra sobre qué se presenta al tribunal y cómo se articula sigue siendo humana.

Este enfoque también se refleja en las advertencias de uso dirigidas a jueces y magistrados. Los términos de HAL9000 limitan expresamente el eventual uso por autoridades judiciales a tareas auxiliares o preparatorias que no analicen ni evalúen pruebas, no interpreten ni apliquen el Derecho a un conjunto concreto de hechos, no formulen recomendaciones sobre el caso y no influyan materialmente en el resultado de una decisión. Se admite, en suma, la IA como apoyo para búsqueda documental, organización de información o anonimizaciones, pero se excluye su utilización como sustituto del razonamiento jurisdiccional. Esta separación de roles —la máquina como herramienta, no como decisor— es coherente con las preocupaciones que hoy se visibilizan en los juzgados de Tarragona: cuando el órgano judicial percibe que el escrito procede de una suerte de «automatismo decisor», la reacción defensiva está servida.

¿Qué lecciones prácticas puede extraer la abogacía de todo esto? La primera es de responsabilidad: un escrito asistido por IA sigue siendo un escrito firmado por un profesional. La segunda es de elección tecnológica: recurrir a herramientas diseñadas para el Derecho, con infraestructura bajo control, sin subcontratar silenciosamente el procesamiento a plataformas generalistas y con capacidad real de trazabilidad, reduce tanto el riesgo jurídico como el reputacional. La tercera es de método: usar la IA para pensar mejor, no para pensar menos. Explorar jurisprudencia, ordenar hechos, pulir borradores y contrastar hipótesis es muy distinto a copiar y pegar sin revisión lo que devuelve una interfaz conversacional. Si el episodio de Tarragona sirve para acelerar esta madurez en el uso de la IA, habrá cumplido una función útil.

En definitiva, la reacción de los jueces de Tarragona no debería interpretarse como un rechazo absoluto a la inteligencia artificial, sino como una llamada de atención sobre cómo se está integrando en la práctica forense. La diferencia entre un recurso «hecho con IA» y un recurso «trabajado con ayuda de IA» pasa por la elección de sistemas con garantías de privacidad y trazabilidad, por un diseño orientado al razonamiento jurídico y, sobre todo, por la supervisión humana efectiva del abogado. Solo desde ahí será posible que la IA deje de ser un factor de sospecha y se convierta en una herramienta normalizada dentro del estándar de diligencia que exigen los tribunales.

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