Cuando despide un algoritmo, responde el autónomo: por qué la IA en RRHH ya es un riesgo jurídico real

La noticia publicada en Pymes y Autónomos bajo el título «La Justicia frena a la IA: los autónomos podrían tener que readmitir e indemnizar a empleados despedidos por algoritmos» apunta a un cambio de clima que los juristas llevábamos tiempo intuyendo. La penetración de la inteligencia artificial en recursos humanos –criba de currículums, evaluación de desempeño, selección y, en extremo, decisiones de despido– ya no es una predicción futurista, sino una realidad cotidiana en muchas empresas, también pequeñas. El problema emerge cuando la empresa, ante un conflicto, no puede explicar por qué la herramienta ha clasificado a un trabajador como “no apto”, “prescindible” o “sobrante”. Si detrás del botón de “aceptar” o “despedir” solo hay una caja negra estadística, la defensa jurídica se debilita y el trabajador se encuentra ante una decisión que percibe como arbitraria, difícilmente compatible con las garantías básicas del Estatuto de los Trabajadores y de la normativa europea sobre decisiones automatizadas.

En el ámbito laboral, los tribunales españoles ya han sido claros en varias ocasiones: quien responde por el despido es el empleador, aunque se haya apoyado en herramientas tecnológicas para tomar la decisión. Si un algoritmo comete un sesgo discriminatorio, si aplica mal los criterios o si simplemente opera con datos incompletos, el coste no lo asume la máquina, sino la empresa que la ha integrado sin un control suficiente. De ahí que no resulte extraño que la noticia de Pymes y Autónomos hable de posibles readmisiones e indemnizaciones cuando el despido se ha apoyado en sistemas automatizados sin transparencia. El mensaje jurídico de fondo es sencillo: la delegación ciega en la IA es incompatible con el deber de motivar las decisiones y con el derecho de la persona trabajadora a una explicación comprensible cuando una decisión le afecta de manera relevante.

Para la abogacía laboralista y para los asesores de pymes y autónomos, este nuevo escenario obliga a incorporar una capa más de análisis en los expedientes: ya no basta con revisar la carta de despido y el historial disciplinario; hay que preguntar qué herramientas intervienen en el proceso, qué datos han utilizado, cómo se han ponderado, quién supervisa los resultados y qué margen real de decisión tuvo la dirección. En procedimientos donde un algoritmo ha servido de base –explícita o implícita– para despedir, la estrategia de defensa o de impugnación exigirá reconstruir el “camino” de esa decisión. Y eso solo es viable si el profesional del Derecho puede trabajar con información verificable, con documentación accesible y sin que sus propios análisis queden, a su vez, alojados en plataformas opacas sobre las que no tiene control.

En este punto es donde conviene distinguir entre modelos de IA generalistas, pensados para cualquier propósito y operados por terceros, y sistemas específicamente diseñados para el trabajo jurídico, con un marco de uso mucho más acotado. HAL9000, la plataforma de IA jurídica privada que utilizamos en AbogaTIC, se ha definido contractualmente como una herramienta de asistencia profesional para investigación jurídica, análisis documental y redacción, destinada a abogados y otros profesionales del Derecho, bajo su criterio y supervisión. Sus términos de servicio dejan claro que no sustituye la valoración profesional ni constituye asesoramiento autónomo, y que no está destinada a ser utilizada por autoridades judiciales para adoptar resoluciones, valorar la prueba o aplicar el Derecho a un caso concreto. Cuando jueces o magistrados la usan, su finalidad prevista se limita a tareas auxiliares como búsqueda de información, organización o anonimización, sin que la herramienta intervenga en la decisión jurisdiccional.

La arquitectura técnica descrita en la auditoría de privacidad de HAL9000 refuerza esta separación de papeles: los modelos se sirven en infraestructura propia, dentro de un entorno privado del cliente, con procesamiento local de documentos jurídicos, sin canal de envío de datos a terceros ni uso de esos datos para entrenamientos externos. El flujo de adjuntos se ha diseñado con cifrado en reposo, eliminación física de archivos una vez indexados e identificadores internos que permiten auditar y, en su caso, purgar la información. No se registran contenidos sensibles en los logs y la persistencia en bases de datos locales está sometida a políticas de retención y purga verificables. En la práctica, esto significa que un despacho puede analizar un expediente laboral complejo –incluidos procesos de selección basados en IA, evaluaciones de desempeño automatizadas o historiales de decisiones algorítmicas– sin que los documentos salgan de servidores ubicados en España ni se expongan a plataformas generalistas.

Otra pieza relevante, a la vista de la noticia, es la trazabilidad. HAL9000 no se limita a “responder” como lo haría un asistente genérico, sino que ha sido ajustado mediante postentrenamiento interno para aproximar su comportamiento al razonamiento jurídico profesional: separar hechos, alegaciones, fundamentos y fallo, trabajar con más prudencia y no inventar lo que no consta en el texto. Además, incorpora un sistema de citas verificables y un mapa de fuentes que permiten al abogado seguir el fundamento jurídico de la respuesta y abrir, desde la propia interfaz, la normativa o la jurisprudencia en la que se apoya. Esta trazabilidad ha sido evaluada en un benchmark sobre 120 consultas, con 794 citas visibles y 794 fuentes abiertas correctamente desde la interfaz. No es una garantía absoluta de corrección jurídica –eso siempre corresponde al profesional–, pero sí una señal de robustez documental que contrasta con la opacidad de muchos sistemas algorítmicos usados en RRHH, donde ni la empresa sabe con precisión qué datos se han tenido en cuenta ni cómo se han combinado.

Frente al escenario descrito por Pymes y Autónomos –autónomos y pymes que podrían verse obligados a readmitir e indemnizar por haber delegado en algoritmos sus decisiones de despido–, la respuesta no pasa por renunciar a la IA, sino por usarla en el lugar correcto y bajo las condiciones adecuadas. Para decidir sobre personas, la responsabilidad debe seguir siendo humana y explicable. Para documentar mejor los casos, identificar riesgos, revisar políticas internas y construir una estrategia procesal sólida, la IA jurídica sí puede aportar valor, siempre que opere bajo control del despacho, con infraestructura propia en España, sin cesión de los expedientes a terceros y con una finalidad claramente subordinada al criterio profesional. Esa es la lógica de diseño de HAL9000: una tecnología que no pretende sustituir al abogado ni tomar decisiones laborales, sino ayudarle a trabajar con más orden, más contexto y más trazabilidad en un entorno en el que la automatización, si no se vigila, puede terminar siendo el origen del conflicto.

Fuente original de la noticia: «La Justicia frena a la IA: los autónomos podrían tener que readmitir e indemnizar a empleados despedidos por algoritmos», publicada en Pymes y Autónomos. Puede consultarse en https://www.pymesyautonomos.com.