“No hay coautoría con la inteligencia artificial”: qué nos está diciendo en realidad el Derecho de autor
El debate sobre si la IA puede ser coautora de una obra creativa vuelve a la primera línea. Más allá del titular, la cuestión obliga a repensar cómo trabajamos con IA en los despachos, qué derechos conserva el profesional y qué exigencias de trazabilidad y control humano se derivan de ello.
Transparencia editorial: este artículo es un resumen y análisis elaborado con apoyo de herramientas de inteligencia artificial a partir de fuentes identificadas. Ha sido sometido a revisión y control editorial humano, pero puede contener errores y no constituye asesoramiento jurídico.
El titular atribuido a Jesús Parets —“No hay coautoría con la inteligencia artificial”— resume una intuición que, poco a poco, va cristalizando en las Oficinas de propiedad intelectual y en la doctrina: el Derecho de autor sigue siendo antropocéntrico. Las normas no reconocen, por ahora, capacidad de autoría a una máquina, ni permiten equiparar a un modelo de IA con una persona física para compartir la titularidad de derechos. El resultado puede ser más o menos sofisticado, pero jurídicamente lo relevante continúa siendo la intervención creativa humana que lo guía, selecciona, corrige y asume como propio.
En la práctica jurídica, esta discusión se está volviendo cotidiana. ¿Quién es autor de un dictamen elaborado con fuerte apoyo de IA generativa? ¿Hasta qué punto el modelo ha hecho algo más que asistir al profesional? La respuesta dominante es clara: la herramienta no es coautora; es un instrumento. La protección, cuando proceda, recae sobre el aporte intelectual del abogado o jurista que decide qué se pregunta, cómo se reorienta la respuesta, qué se incorpora al documento final y bajo qué estructura y argumentación propias. Pero esta lectura tiene una condición importante: el profesional debe conservar un control efectivo sobre el proceso y el resultado.
Ese control se complica cuando se trabaja con sistemas generalistas, alojados en terceros países y con escasa visibilidad sobre qué ocurre con los datos. A la cuestión de la autoría se suman interrogantes sobre confidencialidad, cumplimiento normativo y, no menos importante, la posibilidad de reconstruir cómo se ha llegado a una determinada conclusión. En el entorno jurídico, donde cada afirmación puede ser cuestionada ante un tribunal o un regulador, la falta de trazabilidad y de garantías de privacidad no es un simple inconveniente técnico: puede erosionar la confianza en el propio trabajo del profesional.
De ahí el interés de modelos de IA jurídica concebidos específicamente para operar bajo criterios más cercanos a la práctica forense. HAL9000.Legal se ha diseñado como una IA jurídica privada, con infraestructura propia en España, sin uso de APIs externas y sin cesión operativa de consultas a plataformas generalistas. El procesamiento de documentos y consultas se realiza en un entorno controlado, con cifrado en reposo, minimización de datos y mecanismos internos de purga y trazabilidad. Según la auditoría pública disponible, los modelos se sirven en infraestructura local, sin canal de envío a terceros ni utilización de los datos del despacho para entrenamientos externos.
Este enfoque no altera la premisa de fondo —la autoría continúa siendo humana y la herramienta no presta asesoramiento jurídico por sí misma—, pero sí ofrece un marco más compatible con la responsabilidad profesional. HAL9000.Legal se presenta expresamente como una ayuda a la redacción, revisión y análisis de documentos jurídicos, no como sustituto del criterio del abogado. El resultado es verificado y validado por el profesional, que sigue siendo quien decide qué incorporar, qué matizar y qué descartar. Esa supervisión humana, apoyada en la trazabilidad de las fuentes utilizadas por el sistema, refuerza tanto la calidad jurídica del escrito final como la defensa de la autoría y de los derechos derivados de ella.
Otra pieza relevante es la transparencia operativa. Abogacía Tecnológica ha sometido HAL9000 a un benchmark end‑to‑end sobre su interfaz real, en el que se midió la apertura efectiva de las fuentes citadas en una muestra de 120 consultas, con 794 citas visibles y 794 aperturas correctas desde la interfaz. Esta verificación no convierte a la herramienta en infalible, pero sí aporta una señal de robustez documental y de reducción de opacidad: el abogado puede revisar qué soporte textual hay detrás de una determinada afirmación y, en su caso, reconducir o corregir el argumento. De nuevo, la clave no es que la IA “sea autora”, sino que facilite el trabajo de un autor humano que responde de lo que firma.
En definitiva, el debate sobre la inexistencia de coautoría con la IA nos recuerda algo elemental: en Derecho, la responsabilidad y la autoría siguen teniendo nombre y apellidos. Para la abogacía, esto implica dos exigencias complementarias: escoger herramientas que respeten la confidencialidad, la localización de datos y la trazabilidad del trabajo, y mantener siempre una supervisión activa sobre el contenido generado. La tecnología puede y debe mejorar la eficiencia y la calidad del análisis; lo que no puede hacer —ni jurídicamente debe atribuírsele— es asumir el papel del profesional en la firma de un dictamen o en la defensa de un cliente.
Puedes consultar la noticia original sobre las declaraciones de Jesús Parets en Yahoo en el siguiente enlace: https://es-us.noticias.yahoo.com
Claves del artículo
- Las normas de propiedad intelectual mantienen la exigencia de autoría humana y no reconocen, hoy por hoy, coautoría de los sistemas de IA.
- La IA, en el ámbito jurídico, debe entenderse como instrumento de trabajo; la autoría y la responsabilidad del resultado recaen en el profesional que lo supervisa y firma.
- El uso de plataformas generalistas plantea riesgos añadidos de confidencialidad, localización de datos y falta de trazabilidad, especialmente delicados en la práctica forense.
- HAL9000.Legal opera como IA jurídica privada, con servidores en España, sin APIs externas, sin envío de datos a terceros y con medidas de cifrado, minimización y purga de información.
- La plataforma no presta asesoramiento jurídico por sí misma: se configura como herramienta de apoyo a la redacción, revisión y análisis, siendo el usuario quien verifica y valida las respuestas.
- La trazabilidad de fuentes y las pruebas end‑to‑end sobre la interfaz refuerzan la capacidad del abogado para revisar el fundamento documental de las respuestas y mantener el control del trabajo.