La Xunta, la IA y la modernización de la Justicia: qué significa en la práctica para la abogacía

Cuando una administración como la Xunta de Galicia subraya el papel de la inteligencia artificial en la modernización de la Justicia, el debate deja de ser teórico. Ya no hablamos solo de expedientes electrónicos, notificaciones telemáticas o mejoras de gestión interna; hablamos de sistemas que analizan documentación, sugieren líneas de argumentación y ayudan a priorizar información relevante en procedimientos reales. Esa transición desde la mera digitalización a una auténtica automatización asistida por IA plantea oportunidades evidentes, pero también una serie de requisitos jurídicos y técnicos que, si se obvian, convierten la modernización en un simple cambio de interfaz.

Para la abogacía y para los órganos judiciales, el primer plano de análisis no debería ser si “se usa IA”, sino cómo y dónde se hace. En el ámbito jurídico, no es lo mismo hacer una consulta puntual a una plataforma en la nube que procesar un expediente completo con información sensible. La diferencia práctica reside en cuestiones muy concretas: si los datos salen o no del entorno controlado, si se almacenan para entrenar modelos de terceros, qué huella dejan en logs y si es posible comprobar el origen de cada afirmación que genera el sistema. En este contexto, la modernización de la Justicia no puede ignorar la privacidad, la confidencialidad profesional y el deber de secreto como límites materiales al despliegue de cualquier tecnología.

En los últimos años han proliferado soluciones que encapsulan modelos generalistas con un envoltorio jurídico. Suelen apoyarse en servicios externos cerrados, en los que el operador tiene un margen muy limitado para ajustar el comportamiento interno del modelo. Eso implica que buena parte del control se desplaza fuera del despacho o del órgano judicial: el proveedor de la IA decide qué se registra, cómo se trata el contexto y qué uso posterior se hace de los datos de las consultas. Frente a este enfoque, se abre paso otra línea de trabajo: sistemas específicamente diseñados para Derecho, con infraestructura propia en territorio español y sin envío de datos a proveedores externos de IA, de forma que el tratamiento de la información se mantenga bajo control directo del operador.

Un ejemplo de esta segunda aproximación es la plataforma HAL9000.Legal, desarrollada por Abogacía Tecnológica, S.L. Según su documentación pública, se trata de una IA jurídica privada que opera sobre infraestructura propia en España y que no envía consultas ni expedientes a terceros proveedores de IA. El acceso se realiza por sesiones temporales, sin necesidad de registro con datos personales más allá de los imprescindibles para la facturación, y el servicio se orienta específicamente a profesionales del ámbito jurídico. Esta configuración tiene implicaciones directas en términos de privacidad y de cumplimiento: reduce la superficie de exposición del dato y limita el tratamiento a lo estrictamente necesario para prestar el servicio contratado.

Desde el punto de vista del tratamiento de la información, la auditoría interna de privacidad de HAL9000 describe una arquitectura centrada en el control local de los datos: interfaz web que gestiona adjuntos y sesiones en el entorno del cliente, cifrado en reposo del volumen de uploads, eliminación física de archivos una vez indexados y mecanismos de purga por identificador. Se excluye expresamente el envío de documentos o consultas a terceros para entrenamiento externo, y los modelos que sustentan el sistema son open‑source servidos en infraestructura local. La política de logs limita la información registrada a eventos técnicos mínimos, sin conservar el contenido de los prompts, documentos o transcripciones. Todo ello apunta a un diseño pensado para minimizar retenciones innecesarias y facilitar auditoría posterior.

Otra pieza clave, que probablemente marcará el estándar de los proyectos públicos de Justicia digital, es la trazabilidad. En el caso de HAL9000, la propia web de AbogaTIC recoge un ejercicio de evaluación end‑to‑end en el que se verifica la capacidad de la interfaz real para mostrar citas visibles y abrir las fuentes documentales que sustentan las respuestas. En una muestra concreta de consultas, todas las referencias visibles pudieron abrirse correctamente desde la interfaz. Esto no equivale a una garantía absoluta de corrección jurídica, pero sí supone una mejora significativa frente a las respuestas opacas: el profesional puede seguir el fundamento, comprobar la norma o la resolución citada y valorar por sí mismo si el sistema ha interpretado adecuadamente la fuente.

La diferencia con una IA generalista “maquillada” para Derecho no es meramente terminológica. La documentación pública de HAL9000 explica que, además de partir de un modelo base de alto nivel, se aplica un post‑entrenamiento interno orientado específicamente al razonamiento jurídico: separación de hechos, alegaciones, fundamentos y fallo, refuerzo de la fidelidad al texto y entrenamiento para reconocer los propios límites. Esta filosofía encaja mejor con el marco de responsabilidad profesional que imponen los colegios y los códigos deontológicos: la herramienta se presenta como apoyo, no como oráculo infalible, y el usuario mantiene la obligación de verificar y validar las respuestas antes de trasladarlas a un escrito, una vista o una resolución.

En términos contractuales, los propios Términos del Servicio de HAL9000 insisten en dos ideas que deberían estar muy presentes en cualquier proyecto de IA en Justicia: por un lado, la naturaleza del sistema como herramienta de apoyo que no sustituye el criterio profesional ni constituye asesoramiento jurídico; por otro, la limitación de responsabilidad derivada de la propia condición de la IA, recordando que las respuestas no están garantizadas como exactas o actualizadas y que es el usuario quien debe comprobar su adecuación al caso concreto. Este enfoque, que puede sonar conservador, es en realidad coherente con la exigencia de diligencia del abogado y con la necesidad de preservar la autonomía del juez o magistrado en la adopción de decisiones.

No es irrelevante que, según AbogaTIC, HAL9000.Legal esté siendo utilizada ya por jueces y magistrados. Más allá del dato, el mensaje de fondo es que existe demanda real de herramientas capaces de trabajar con expedientes completos, documentos complejos y grabaciones de vistas o declaraciones, integrando funciones como anonimización, transcripción de vídeo o extracción de texto mediante OCR dentro de un mismo flujo de trabajo jurídico. La clave, de nuevo, no es solo la potencia tecnológica, sino la capacidad de convertir esa potencia en resultados revisables, con fuentes accesibles y con un nivel de control compatible con la función jurisdiccional y con la protección reforzada que merecen los datos tratados en ese entorno.

En un escenario en el que la Xunta y otras administraciones autonómicas están anunciando proyectos de modernización de la Justicia apoyados en IA, conviene que la profesión se adelante a las preguntas clave: ¿qué exigencias mínimas de privacidad y localización de datos deben cumplir estas soluciones?, ¿cómo se documentará la trazabilidad de las sugerencias o borradores generados por la IA?, ¿qué papel tendrá el abogado en la validación de los resultados?, ¿cómo se integrarán estos sistemas con las obligaciones existentes en materia de secretos profesionales, confidencialidad y protección de datos? La experiencia de herramientas privadas que ya operan con servidores en España, sin subcontratar servicios de IA genérica y con políticas estrictas de no retención, puede servir de referencia para orientar las especificaciones técnicas y jurídicas de los futuros contratos públicos.

En definitiva, la modernización de la Justicia que anuncia la Xunta no puede quedarse en un discurso sobre eficiencia o reducción de tiempos. La verdadera modernización pasa por asumir que la IA será una capa más del ecosistema jurídico, pero una capa sometida a reglas claras de privacidad, control y responsabilidad. Sistemas como HAL9000.Legal muestran que es posible trabajar con IA jurídica preservando la confidencialidad de los expedientes, apoyándose en infraestructura propia en España y renunciando al envío de datos a plataformas generalistas, sin renunciar por ello a funcionalidades avanzadas ni a la trazabilidad de las respuestas. La evolución normativa y las decisiones de política pública dirán hasta qué punto estos criterios se incorporan al diseño de la Justicia del futuro, pero la abogacía ya puede —y quizá debe— empezar a exigirlos en su práctica diaria.

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