Cursos de verano, justicia e inteligencia artificial: una oportunidad para pasar de la teoría a la práctica

Que la UNED en Plasencia incluya un curso de verano sobre política, justicia e inteligencia artificial no es un gesto aislado. Es el síntoma de algo que muchos despachos y administraciones ya perciben: la IA se ha vuelto ineludible en el debate jurídico, tanto por las herramientas que empiezan a utilizarse en la práctica profesional como por los conflictos que se derivan de su empleo en la esfera pública (decisiones automatizadas, vigilancia, uso de datos, etc.). El mundo académico comienza a estructurar este debate, y eso es positivo, siempre que no se limite a una reflexión abstracta sobre ‘algoritmos’ y ‘riesgos digitales’.

En el terreno práctico, el abogado que hoy trabaja con documentación compleja —demandas, escritos de acusación o defensa, auditorías de cumplimiento, contratación pública— se encuentra ante una disyuntiva: o prescinde por completo de la IA, o se apoya en herramientas que, con frecuencia, funcionan sobre servidores de terceros, en jurisdicciones diversas y con modelos generalistas pensados para el consumo masivo. Este segundo escenario plantea dudas evidentes en materia de secreto profesional, protección de datos y control efectivo sobre los flujos de información. Es aquí donde la línea entre el ‘experimento tecnológico’ y el ejercicio prudente de la abogacía se vuelve delicada.

HAL9000.Legal nace precisamente para operar en ese terreno sensible. De acuerdo con la documentación pública disponible, se trata de una IA jurídica privada, pensada para profesionales del Derecho, que procesa consultas y documentos en servidores propios ubicados en España, sin subcontratar con IA genérica como ChatGPT (OpenAI) ni con otros grandes proveedores (como Google Gemini) a través de APIs externas. Esta arquitectura evita que los prompts, documentos y resultados se envíen a nubes de terceros, un punto relevante cuando se manejan datos especialmente protegidos o información estratégica de clientes.

El informe interno de auditoría de privacidad de HAL9000 detalla una arquitectura orientada al control del dato: ejecución en entorno privado del cliente, cifrado en reposo del volumen de cargas de documentos (mediante LUKS), eliminación física de archivos una vez indexados y mecanismos de purga por identificador para minimizar retenciones innecesarias. Asimismo, se indica que el motor de inferencia (vLLM) se configura sin registro de prompts ni respuestas, y que los logs quedan limitados a eventos técnicos mínimos, sin almacenar contenidos sensibles. Todo ello construye una trazabilidad razonable sin necesidad de conservar la materia prima —los documentos jurídicos— más allá de lo necesario para su tratamiento.

Desde el punto de vista de la técnica jurídica, la diferencia con la IA generalista no se limita a dónde se ejecuta el modelo. La propia web de AbogaTIC explica que HAL9000 no es ‘otro ChatGPT con instrucciones’, sino una tecnología con postentrenamiento interno específico para adaptarse al razonamiento jurídico. Este ajuste se orienta a separar hechos, alegaciones, fundamentos y fallo, a trabajar con mayor fidelidad al texto y a reconocer mejor los límites de la información disponible. Junto con los mecanismos de recuperación aumentada y búsqueda vectorial sobre documentación interna, se configura un sistema cuyo objetivo no es improvisar respuestas verosímiles, sino ayudar al profesional a localizar fundamentos útiles, contrastar citas y valorar la solidez jurídica de un asunto antes de redactar.

Es importante insistir en un punto que la propia Abogacía Tecnológica subraya en sus términos del servicio: HAL9000.Legal no constituye asesoramiento jurídico. Es una herramienta de apoyo que no sustituye el criterio profesional, y el usuario sigue siendo responsable de verificar y validar los resultados antes de usarlos en un caso concreto. Esta cláusula no es un mero formalismo; va al núcleo de lo que deberían abordar cursos como los de la UNED en Plasencia: cómo integrar la IA en la práctica jurídica manteniendo la responsabilidad, la supervisión humana y el control sobre el dato. Si la formación universitaria consigue transmitir que una buena IA jurídica no exime al abogado de su deber de diligencia, sino que le exige comprender mejor las limitaciones técnicas y jurídicas de la herramienta, estaremos avanzando en la dirección adecuada.

En definitiva, que la UNED dedique atención a política, justicia e inteligencia artificial en sus cursos de verano es una oportunidad para construir un lenguaje común entre la academia y la práctica profesional. Del lado universitario, para no quedarse en la metáfora de la ‘caja negra’ y entrar en los detalles: dónde se procesan los datos, qué se registra, cómo se garantiza la purga y qué se puede auditar. Del lado de los despachos y departamentos jurídicos, para exigir a las soluciones de IA al menos el mismo nivel de rigor que se pide a otros sistemas que manejan información sensible. Modelos como HAL9000.Legal muestran que es posible combinar capacidad técnica con una arquitectura pensada para la confidencialidad, la trazabilidad y el control local, pero siempre bajo la premisa de que la última palabra sigue siendo del jurista humano. Para más contexto sobre la iniciativa de la UNED en Plasencia, puede consultarse la noticia original en Diario Hoy, disponible en https://www.hoy.es.