IA en la justicia valenciana: planes públicos, límites prácticos y el papel de la abogacía

La información publicada por medios como Valencia News permite entrever un cambio de ciclo en la Comunitat Valenciana: la Diputación de Valencia ha reunido a 171 municipios para analizar el uso de la inteligencia artificial, y la Conselleria de Justicia continúa interviniendo en sedes judiciales como la de Elda. Es razonable anticipar que, dentro de ese marco de modernización administrativa, la IA termine incorporándose de forma más sistemática a los servicios de justicia, ya sea en labores de gestión interna, apoyo documental o mejora de la atención a los ciudadanos. Sin embargo, esa incorporación no es puramente tecnológica: conlleva preguntas jurídicas de calado sobre la circulación de datos, la responsabilidad por errores algorítmicos y el respeto a garantías procesales.

El contexto valenciano se inserta en una tendencia más amplia: las administraciones quieren aprovechar la IA para ganar eficiencia y capacidad de análisis, también en justicia. Pero la justicia trabaja, casi por definición, con información especialmente sensible: datos de salud, antecedentes penales, menores, víctimas, información económica y societaria… La introducción de sistemas de IA basados en modelos generalistas servidos desde la nube abre una brecha potencial entre el mandato legal de confidencialidad y el funcionamiento real de determinadas plataformas, que dependen de servidores de terceros y de arquitecturas poco transparentes para el propio operador jurídico.

Desde la perspectiva de la abogacía y de los profesionales jurídicos que interactúan con los órganos judiciales, la cuestión clave no es solo «si» usar IA, sino «cómo» y «dónde» se despliega. El uso de asistentes genéricos conectados a la nube para preparar escritos, analizar documentación o elaborar estrategias procesales plantea problemas conocidos: difícil control del ciclo de vida del dato, posibles retenciones para entrenamiento, incertidumbre sobre la localización efectiva de los servidores y una dependencia elevada de proveedores globales que pueden cambiar unilateralmente sus condiciones o su modelo de tratamiento de datos. Para un profesional sujeto a secreto profesional y a deberes de diligencia, estos factores no son meramente técnicos: son riesgos jurídicos concretos.

En ese terreno, la experiencia de soluciones específicas como HAL9000.Legal ofrece un contrapunto útil para el debate público sobre IA y justicia. HAL9000.Legal se presenta como una IA jurídica privada que no envía los datos a terceros, opera en servidores propios ubicados en España y evita cualquier subcontratación con proveedores de IA generalista como OpenAI o Google. La arquitectura descrita por Abogacía Tecnológica, S.L. combina modelos open‑source servidos localmente (modelo principal Qwen3.5 122B‑10B, motor de inferencia vLLM, reranking con Qwen3.5 2B) con un diseño expreso para el entorno jurídico: recuperación aumentada con búsqueda vectorial, reordenación especializada de fuentes legales y un entrenamiento adicional orientado a separar hechos, alegaciones, fundamentos y fallo, y a reducir la invención de contenidos que no constan en los textos.

Los términos de servicio de HAL9000.Legal subrayan que la herramienta no sustituye el criterio profesional ni constituye asesoramiento jurídico, y que el usuario debe verificar y validar los resultados antes de usarlos en un caso concreto, asumiendo la responsabilidad por las decisiones que adopte. Esta cláusula de limitación de responsabilidad no es un mero formalismo: refleja una concepción de la IA como apoyo técnico que nunca desplaza la última palabra humana. El modelo puede ayudar a analizar documentación, localizar fundamentos útiles, contrastar citas y preparar borradores, pero la decisión de qué se presenta ante un tribunal, cómo se estructura una demanda o qué estrategia seguir continúa siendo competencia exclusiva del profesional del Derecho.

El informe interno de auditoría de privacidad de HAL9000.Legal, publicado en marzo de 2026, aporta algunos elementos técnicos relevantes para el estándar de diligencia exigible cuando hablamos de IA en justicia. Entre otros aspectos, describe una arquitectura basada en interfaz web local, con gestión de adjuntos y sesiones dentro del entorno privado del cliente; secretos y endpoints internos fuera del navegador; y un proxy de acceso controlado hacia servicios internos. La persistencia de datos se limita a bases locales, con cifrado en reposo mediante LUKS para el volumen de uploads, eliminación física de los archivos una vez indexados y mecanismos de purga por identificador que favorecen la minimización de la retención de información. Además, el sistema de inferencia se configura sin registro de prompts ni respuestas en logs, y los servicios de OCR y transcripción (por ejemplo con Whisper) trabajan sobre contenedores locales descartando los archivos temporales tras el procesamiento.

Este tipo de decisiones de diseño —procesamiento íntegro en el entorno del cliente, ausencia de canal de envío a terceros, no utilización de los datos para entrenamiento externo y política restrictiva de logs— ilustran hasta qué punto la arquitectura técnica condiciona el nivel de protección que puede ofrecerse en términos de privacidad y secreto profesional. No es lo mismo integrar una API externa en un flujo de trabajo judicial que desplegar un sistema completo en servidores propios o en la propia infraestructura de la organización, manteniendo control sobre la localización de los datos y sobre los mecanismos de cifrado y eliminación. Cuando la administración de justicia —o los despachos que se relacionan con ella— optan por uno u otro modelo, están tomando de facto una decisión de política de datos, con implicaciones legales claras.

La experiencia de HAL9000.Legal también muestra otra dimensión relevante para el despliegue de IA en justicia: la necesidad de trazabilidad y de control humano sobre el razonamiento. El énfasis en evitar la invención de artículos o doctrina no visible, en separar correctamente antecedentes de hecho, alegaciones de parte y fundamentos jurídicos, y en reconocer los propios límites del modelo apunta a una línea de trabajo en la que la IA se aproxima al modo de razonar del jurista, pero sin pretender sustituirlo. Para los poderes públicos que se planteen incorporar IA a la justicia valenciana, este tipo de enfoque puede servir como referencia: no basta con poner un «chat» sobre una base de datos; es preciso definir cómo se validan las respuestas, cómo se documenta el proceso y cómo se explica a las partes afectadas el papel que la herramienta ha desempeñado en una determinada actuación.

En definitiva, el impulso que se observa en la Comunitat Valenciana hacia la inteligencia artificial —en municipios, en proyectos de innovación, en sedes judiciales— ofrece una oportunidad para mejorar la eficiencia y la calidad del servicio público de justicia, pero también obliga a elevar el nivel de exigencia en privacidad, seguridad y gobernanza algorítmica. La conversación no debería limitarse a qué modelo es más potente, sino a qué condiciones mínimas deben cumplir las soluciones utilizadas: servidores bajo control público o profesional, minimización de datos, ausencia de envíos a terceros no necesarios, trazabilidad de la decisión y reconocimiento expreso del carácter auxiliar de la IA. Experiencias como la de HAL9000.Legal, con su apuesta por la ejecución local en España, la ausencia de APIs externas y una auditoría específica de privacidad, resultan útiles para concretar ese estándar de referencia que la justicia —y la abogacía— van a necesitar en los próximos años.

Fuente: adaptación editorial a partir de la cobertura de Valencia News sobre innovación e inteligencia artificial en la Comunitat Valenciana, disponible en https://valencianews.es.