Inteligencia artificial y justicia: por qué la privacidad no es un “extra” para la abogacía digital

La referencia a “Inteligencia artificial y justicia” en el espacio de la Asociación de Internautas encaja en una discusión que ya es ineludible: cómo integrar sistemas de IA en la administración de justicia y en el trabajo cotidiano de los despachos sin erosionar garantías básicas. No se trata solo de automatizar tareas, sino de asegurar que esa automatización respeta el derecho a la tutela judicial efectiva, la protección de datos y el secreto profesional. En un contexto de creciente digitalización, la preocupación ciudadana por el uso intensivo de datos y por el efecto de las decisiones algorítmicas en procesos judiciales y administrativos es plenamente legítima.

Cuando se traslada este debate al terreno de las herramientas que utilizan abogados, procuradores o departamentos jurídicos, la primera pregunta razonable no es “qué hace la IA”, sino “dónde y cómo lo hace”. Muchas soluciones generalistas funcionan en la nube, con modelos de terceros y flujos de datos que implican necesariamente el envío de información a proveedores externos, a menudo fuera de la Unión Europea. Esto complica la gestión del secreto profesional, el cumplimiento de la normativa de protección de datos y el control efectivo sobre lo que sucede con documentos sensibles, borradores de demandas o estrategias procesales introducidas en la herramienta.

HAL9000.Legal nace precisamente de esa preocupación. Según la información pública de Abogatic, se presenta como una IA jurídica privada que no envía los datos a terceros. El diseño del servicio parte de una premisa clara: el procesamiento de preguntas, documentos y adjuntos se realiza en servidores propios en España o en infraestructura local del despacho, sin integrar APIs externas de proveedores generalistas. De este modo, se evita que la información del cliente salga del entorno controlado por el profesional o por la propia Abogacía Tecnológica, lo que facilita la alineación con el secreto profesional y con la expectativa de confidencialidad reforzada que exige el trabajo jurídico.

Esta apuesta por el control local se concreta técnicamente en varios elementos descritos en el informe interno de auditoría de privacidad de HAL9000. El sistema utiliza modelos open‑source que se sirven íntegramente en la infraestructura privada, sin canal de envío de datos a terceros ni uso de la información del usuario para entrenamiento externo. Los adjuntos se almacenan en volúmenes cifrados (por ejemplo, mediante LUKS), se indexan para la búsqueda y, una vez completado ese proceso, se prevé la eliminación física de los archivos originales y la existencia de mecanismos de purga por identificador. Además, se limita lo que se registra en logs operativos, excluyendo contenidos sensibles como prompts, documentos o transcripciones, y se gobierna la retención de datos mediante plazos de conservación (TTL) y procedimientos de limpieza.

En cuanto al modelo de IA propiamente dicho, la documentación pública indica que la solución se basa en un modelo Qwen3.5 (en configuración 122B‑10B) y un motor de inferencia vLLM configurado sin registro de prompts y respuestas. Sobre esa base técnica se ha aplicado un post‑entrenamiento interno orientado específicamente al razonamiento jurídico, con objetivos como reducir inventos, separar correctamente hechos, alegaciones, fundamentos y fallo, y fomentar respuestas más prudentes y fieles al texto. No se trata, por tanto, de un simple modelo generalista con un prompt “maquillado” para hacer de abogado, sino de un ajuste propio orientado al uso profesional del Derecho, tal y como describe Abogatic, sin que ello elimine la necesidad de revisión humana.

Este último punto resulta crucial: aunque la herramienta esté optimizada para tareas jurídicas —análisis de documentación, localización de fundamento útil, contraste de citas o preparación de borradores—, los términos del servicio de HAL9000.Legal son explícitos al indicar que no constituye asesoramiento jurídico ni sustituye el criterio profesional del usuario. Abogacía Tecnológica recuerda que los resultados son generados automáticamente, que no se garantiza su exactitud o adecuación a un caso concreto y que corresponde al profesional verificar y validar las respuestas antes de incorporarlas a escritos, demandas o informes. En otras palabras, la IA se concibe como apoyo al trabajo del jurista, no como sustituto de su juicio.

Esta combinación de arquitectura técnica centrada en la privacidad, ejecución en servidores bajo jurisdicción española, ausencia de subcontratación con IA genérica en la nube y términos legales que refuerzan la responsabilidad del profesional ofrece una posible hoja de ruta para alinear inteligencia artificial y justicia. La discusión pública promovida por colectivos como la Asociación de Internautas apunta precisamente en esa dirección: tecnologías que mejoren la eficiencia y la calidad del trabajo jurídico, pero que lo hagan sin sacrificar el control del dato, la trazabilidad del tratamiento y la supervisión humana que exige una justicia digna de tal nombre. En ese marco, soluciones como HAL9000.Legal ilustran cómo se puede intentar responder, desde el sector privado, a las exigencias que plantea el uso responsable de la IA en el ecosistema jurídico.

Más información sobre la reflexión en torno a inteligencia artificial y justicia puede consultarse en la propia Asociación de Internautas, en la entrada titulada “Inteligencia artificial y justicia”, disponible en https://internautas.org.